El jueves 19 de noviembre se aprobó en el Congreso de los Diputados el dictamen que permite continuar el camino para aprobar o no la Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica de Educación, LOMLOE, más conocida en la prensa como ley Celaá, por la actual ministra de Educación. El debate cumplió las expectativas: palabras gruesas por uno y otro lado y diputados de los tres partidos de derechas puestos en pie y gritando ¡libertad, libertad!
Con una poco frecuente unanimidad, los medios de comunicación señalan que se trata de la octava ley de educación de la democracia y que se aprueba sin consenso. Cada ministro impone su propia ley, dicen. Con menos unanimidad, pero creo que de forma mayoritaria, también ponen de manifiesto que se ataca al castellano, a la escuela concertada, a la educación especial y a la religión.
Vamos por partes: octava ley y sin consenso, dicho desde El País hasta El ABC y El Español. Tratándose de uno de los asuntos primordiales a los que se debe dedicar un estado, pocas leyes educativas me parecen. De hecho, hay muchas más. Centenares, diría yo, incluyendo las de ámbito autonómico. Pero no es eso. Sin decirlo claramente, se refieren a leyes generales del sistema educativo. Estas leyes, por definición han de ser leyes orgánicas. La cuenta de ocho es una gran falacia. Al propalar esta falacia, parece que el sistema educativo ha cambiado prácticamente con cada legislatura desde que se aprobó la constitución hace 42 años. Puede que haya cambiado demasiadas veces, pero no ocho veces. Estas leyes, citadas en medios tan diferentes como El País o El Diario de Navarra o El Mundo, son: LGE, LOECE, LODE, LOGSE, LOCE, LOE, LOMCE y la futura LOMLOE, en efecto, ocho.
Veamos, la primera es la LGE, Ley General de Educación, conocida en su día como ley Villar Palasí, por el ministro de entonces. Es la ley que crea la EGB y el BUP y COU, por un lado y la FP de primer y segundo grado, por el otro. Considerando que es una ley de 1970, quizá no se deba considerar una ley de educación de la democracia.
La segunda es la LOECE, Ley Orgánica reguladora del Estatuto de Centros, de 1980. No era una ley general del sistema educativo, sino, como su propio nombre indica, una ley que trataba de aspectos particulares de los centros docentes. De hecho, no derogaba, sino que complementaba la LGE, preconstitucional. Entonces gobernaba la UCD de Suárez. Fue recurrida al Tribunal Constitucional por el PSOE de Felipe González. Este tribunal aceptó la mayor parte del recurso, por lo que la ley debió ser sometida a una revisión en profundidad. Mientras tanto, sucedió el golpe de estado del 23 de febrero de 1981 y con el cambio de gobierno de Calvo Sotelo y las elecciones del 82 que ganó González la ley quedó aparcada, decayó sin llegar a entrar en vigor.
La tercera: la LODE, Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación, de 1985, primera ley socialista. Tampoco es una ley general del sistema. No deroga la LGE más que en ciertos aspectos. De hecho, siguió en vigor el sistema EGB, BUP, COU, FP. Regula el derecho a la educación universal y gratuita. También regula la forma de participación de profesores, alumnado y familias en el gobierno de los centros y establece las bases para que los centros privados pudieran establecer conciertos con el Estado. Muy importante: esta ley continúa en vigor, excepto algunos artículos que han entrado en contradicción con las leyes posteriores. Aquí tenemos una de las razones de la actual polémica sobre la necesidad o no de centros concertados. En 1985 pareció que la única forma de llegar a una enseñanza universal y gratuita hasta los 14 años era mediante la fórmula de los conciertos, ya que el estado no tenía capacidad de construir todos los centros públicos necesarios, o eso se dijo entonces.
La cuarta: la LOGSE, Ley Orgánica General del Sistema Educativo, de 1990. Es la primera auténtica ley general de educación de la democracia. Vino precedida de varios años de estudio y debate, incluso de experiencias piloto. Más allá de su éxito o no, fue una ley muy meditada y dada a conocer por adelantado. Durante años vivimos en los institutos bajo el síndrome de la reforma. Esta ley creó una Enseñanza Primaria de seis años ─la EGB eran ocho─, una Enseñanza Secundaria Obligatoria de cuatro años, un bachillerato de dos años y cuatro opciones distintas y una formación profesional estructurada de manera diferente a la anterior. La FP de grado medio exigía tener el título de la ESO, y la FP de grado superior exigía tener el bachillerato. Simultáneamente se extendía la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 16 años ─antes 14─. Esta ley deroga la LGE de 1970 y corrige la LODE, que, como he dicho, sigue en vigor. Además del periodo previo de estudio, debate y experiencias piloto que he mencionado, tuvo un dilatado calendario de aplicación. Si no me traiciona la memoria, el primer curso que impartí tercero de la ESO en lugar del correspondiente al anterior sistema, fue el 1998-99. O sea, las cosas se hicieron con calma y con ánimo de perdurar.
Quinta, la LOCE, Ley Orgánica de Calidad de Educación, de 2002. Apenas tocaba el sistema general. No derogaba la LOGSE, solo la modificaba. Introducía distintos itinerarios en la ESO y endurecía los criterios de promoción y titulación. Mejoraba el estatus de la asignatura de la religión y trataba la educación infantil hasta tres años, no como una etapa educativa, sino como de carácter asistencial. Modificaba la forma de elegir director de centro de manera que el profesorado apenas tenía influencia. Eso provocó un fuerte rechazo en los institutos y se denominaba a las direcciones elegidas según esta ley como locedirectivas, de forma despectiva. La ley se publicó el 23 de diciembre de 2002 e iba a tener un calendario de aplicación de cinco años. Prácticamente no llegó a entrar en vigor pues el PP perdió las elecciones de 2004 y la ley fue derogada.
Sexta, la LOE, Ley Orgánica de Educación, de 2006. Con variaciones introducidas por la siguiente ley, sigue en vigor. Apenas toca el sistema general: EP, ESO, Bachillerato, FP en dos grados. Corrige una de las disposiciones más asombrosas, en mi opinión, que contenía la LOGSE: la posibilidad de cursar segundo de bachillerato de ciencias sin cursar matemáticas. Crea los PCPI, Programas de Cualificación Profesional Inicial, para alumnos que no estaban en disposición de continuar la ESO. En realidad, existía algo parecido pero con otro nombre: PGS, Programas de Garantía Social. Para otro perfil de alumnado, de los que se creía que podían obtener el título de la ESO si se le ofrecían ciertas condiciones diferentes de las generales, se crearon los PDC, Programas de Diversificación Curricular, aplicables en tercero y cuarto de la ESO. Paradójicamente, establece una mayor posibilidad de participación en el gobierno de los centros públicos a través de los órganos colegiados, pero la forma de elegir director se parece más a la de la fallida LOCE del PP que a la de la LOGSE del PSOE.
Séptima, la LOMCE, Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, de 2013. No deroga, sino que modifica la LOE. Mejora el estatus de la asignatura de Religión. Permite conciertos con centros privados que segreguen por sexos. Cambia los PDC por PMAR, Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento, aplicables en segundo y tercero de la ESO. Estos alumnos cursaban cuarto de ESO por la vía normal, lo que resultó un estrepitoso fracaso. Cambia los PCPI por la FPB, Formación Profesional Básica. Pero las medidas estrella fueron: dos itinerarios en la ESO a partir de tercero, uno para FP y otro para bachillerato; reválidas para obtener el título de la ESO y el de bachillerato y posibilidad de acceder a FP de grado medio desde FP básica y a FP de grado superior desde FP media, las llamadas pasarelas. Para el profesorado introduce una forma de programar las actividades tediosa y antipática. Tal vez sea esto lo que más oposición crea dentro de los centros.
Y la octava sería la LOMLOE, Ley Orgánica de Modificación de la LOE, la ley Celaá.
Pues bien, en rigor, en la democracia ha habido DOS leyes generales de educación. La primera la LOGSE de 1990, que supuso un cambio radical con el sistema educativo heredado del franquismo y, en principio, un comienzo de homologación con los sistemas europeos. Esta ley se elaboró después de doce años de democracia o, si se prefiere, después de quince años de la muerte del dictador. La segunda es la LOE, de 2006, dieciséis años después de la anterior. Entre ambas había ocurrido un cambio de siglo, entre otras cosas. No se puede negar que la sociedad de 2006 era muy diferente a la de 1990. La LOE continúa en vigor con las modificaciones introducidas por la LOMCE que, en buena parte, se revertirán con la LOMLOE, si esta llega a aplicarse.
En los institutos se vivió como una revolución el advenimiento de la LOGSE, pero no así las siguientes. Esto no quiere decir que las sucesivas leyes no tuvieran elementos de suma importancia. Tan importantes que se encontraron con el rechazo frontal o el apoyo entusiasta de la comunidad educativa, pero revolución, una. El esquema básico introducido por la LOGSE, continúa en pie: 10 años de educación básica obligatoria, 6 de Enseñanza Primaria y cuatro de ESO. Dos años de Bachillerato y FP en dos grados: medio y superior.
Visto así no parece para tanto revuelo. No obstante, sí es cierto que los sucesivos ministros o sus jefes de gobierno sienten la necesidad de aportar su granito de arena o su piedra en el zapato, al sistema. Vanitas vanitatis...
Y ahora veamos el consenso. Leyes del PP: la frustrada LOCE, de 2002 y en vigor un año y la LOMCE o ley Wert, de 2013. Leyes del PSOE: la LOGSE de 1990 y la LOE de 2006.
Las leyes del PP fueron ambas aprobadas durante gobiernos que gozaban de mayoría absoluta en el congreso. No necesitaban ni buscaban ningún consenso. La LOCE, con una mayoría absoluta de Aznar, fue votada a favor por el PP y Coalición Canaria y en contra por todos los demás. La LOMCE fue aprobada durante otra mayoría absoluta, esta de Rajoy. Votada a favor solo por el PP, con la abstención de Foro Asturias y UPN y en contra PSOE, CiU, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, PNV, Amaiur, ERC, BNG, Coalición Canaria, Compromís y Geroa Bai. El día 5 de abril de 2016, gobernando Pedro Sánchez, el congreso vota la paralización de la LOMCE. Votan a favor PSOE, Podemos, ERC, Convergencia de Cataluña (con otro nombre), PNV, Compromís, IU y Bildu. En contra PP y Foro, se abstienen Ciudadanos, Coalición Canaria y UPN.
La LOGSE fue aprobada durante un gobierno de Felipe González con mayoría absoluta. A pesar de no necesitar consenso, la ley obtuvo voto favorable de todos los grupos parlamentarios excepto el PP, que votó en contra, y la abstención de dos diputados de Unión Valenciana. La LOE fue aprobada con un gobierno de Zapatero en minoría con los votos a favor de PSOE, IU, PNV, ERC, CC y EA. CiU se abstuvo y solo votó en contra el PP.
En cuanto a la nueva ley, la llamada ley Celaá, no ha hecho más que comenzar su recorrido parlamentario, pero, de momento, ha sido votada a favor por los 177 votos de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Más País, Compromís y Nueva Canarias. Ha habido 17 abstenciones (Bildu, CUP y BNG, entre ellos) y 148 votos en contra (PP, Ciudadanos y Vox, básicamente).
Es decir, hasta la aparición de Vox y, en menor medida, de Ciudadanos, las leyes del PSOE gozaron siempre de un amplísimo consenso. Prácticamente todo el congreso excepto el PP estaba en ese consenso. Así que el PP solo imponía su ley cuando tenía mayoría absoluta, contra el resto de la cámara. Cuando el PP pierde su mayoría absoluta, se recupera el consenso mayoritario del resto de partidos. Eso sí, nunca ha habido consenso entre el PSOE y el PP. Pero gran parte de la prensa se dedica a tergiversar y desinformar.
El 22 de noviembre, en la cuarta página del ABC, una viñeta firmada por Puebla dice: «Ley Celaá. Nació moribunda aprobándose por un solo voto a favor». Tal vez deba incorporarse en las facultades de periodismo como ejemplo de información falaz y tendenciosa, disfrazada de viñeta de humor. En primer lugar, la ley no ha sido aprobada, aún debe pasar por el senado y volver al congreso para su aprobación. En segundo lugar, veremos cómo de moribunda es. Probablemente cuando vuelva a gobernar la derecha, esta ley se derogará, pero nadie sabe cuándo sucederá tal cosa. En tercer lugar, parece que la ley tuvo un solo voto a favor. En realidad tuvo 177, no uno. También se podría interpretar que tuvo solo un voto a favor más que votos en contra, lo cual tampoco es cierto, pues tuvo 29 votos a favor más que en contra. Lo que sí es cierto es que tuvo un voto más de los necesarios para superar el trámite. Al tratarse de una ley orgánica debe obtener la mayoría absoluta de la cámara, es decir, 176 votos, y obtuvo uno más. Solo faltaba que superar el requisito legal para continuar su camino fuera un inconveniente y no un éxito.
O sea, como siempre, unos son iguales y otros no tanto, es decir, unos actúan con menos consenso que otros.
Continuará.
