Finalmente, se confirmaron las previsiones y el miércoles 23 de diciembre se aprobó definitivamente la LOMLOE o ley Celaá tras votación en el Senado. El 29 de diciembre se publicó en el BOE y entrará en vigor a los veinte días de su publicación, si bien se prevé un período de dos años para que se apliquen todas las modificaciones curriculares.
La votación en el Senado dio una mayoría de 142 votos a favor, 112 en contra y 9 abstenciones. Votaron en contra PP, Ciudadanos y Vox. Es significativo el hecho de que las enmiendas presentadas por estos tres partidos fueron rechazadas por 151 votos en contra. Aún así, la prensa de la derecha insiste en que se trata de la ley con menos consenso de la democracia. Esto es falso. La LOMCE de 2013 fue votada a favor solo por el PP. Se abstuvieron los partidos satélites UPN y Foro Asturias y votaron en contra todos los demás. En 2016 se votó la paralización de esa misma ley con el voto en contra del PP y Foro, exclusivamente.
También insiste la prensa en lo de la octava ley de educación de la democracia, si bien algunos medios, como el ABC, tienen el buen sentido de sustituir ahora la LGE de 1970 por la LOPEG, Ley Orgánica de participación, evaluación y gobierno de los centros educativos, de 1995. De nuevo, no se trata de una ley general de educación, sino de una ley que viene a desarrollar y completar la LOGSE (1990) en aspectos no bien regulados en esta. De hecho, no necesita derogar más que dos párrafos del artículo 61 de la LOGSE. Lo dicho, leyes educativas ha habido muchas, leyes generales del sistema educativo solo dos: la LOGSE, de 1990 y la LOE, de 2006. Esta última tuvo una reforma, la LOMCE, promovida solo por el PP, que ahora se elimina y se sustituye por otra reforma, la LOMLOE, promovida por todos menos el PP y sus aliados de la derecha. Y si hablamos de leyes que supusieran una auténtica revolución en la enseñanza, únicamente ha habido una, la LOGSE.
Obstinados en que la realidad no les estropee un buen titular, la prensa cavernaria titula cosas como esta:
«Es la ley que ataca a la concertada, elimina el castellano como lengua vehicular de la enseñanza y oficial del Estado, que desprecia el mérito y facilita la promoción, y pretende eliminar los centros de educación especial» (ABC, 24 de diciembre)