lunes, 4 de enero de 2021

Epílogo

Finalmente, se confirmaron las previsiones y el miércoles 23 de diciembre se aprobó definitivamente la LOMLOE o ley Celaá tras votación en el Senado. El 29 de diciembre se publicó en el BOE y entrará en vigor a los veinte días de su publicación, si bien se prevé un período de dos años para que se apliquen todas las modificaciones curriculares.

La votación en el Senado dio una mayoría de 142 votos a favor, 112 en contra y 9 abstenciones. Votaron en contra PP, Ciudadanos y Vox. Es significativo el hecho de que las enmiendas presentadas por estos tres partidos fueron rechazadas por 151 votos en contra. Aún así, la prensa de la derecha insiste en que se trata de la ley con menos consenso de la democracia. Esto es falso. La LOMCE de 2013 fue votada a favor solo por el PP. Se abstuvieron los partidos satélites UPN y Foro Asturias y votaron en contra todos los demás. En 2016 se votó la paralización de esa misma ley con el voto en contra del PP y Foro, exclusivamente.

También insiste la prensa en lo de la octava ley de educación de la democracia, si bien algunos medios, como el ABC, tienen el buen sentido de sustituir ahora la LGE de 1970 por la LOPEG, Ley Orgánica de participación, evaluación y gobierno de los centros educativos, de 1995. De nuevo, no se trata de una ley general de educación, sino de una ley que viene a desarrollar y completar la LOGSE (1990) en aspectos no bien regulados en esta. De hecho, no necesita derogar más que dos párrafos del artículo 61 de la LOGSE. Lo dicho, leyes educativas ha habido muchas, leyes generales del sistema educativo solo dos: la LOGSE, de 1990 y la LOE, de 2006. Esta última tuvo una reforma, la LOMCE, promovida solo por el PP, que ahora se elimina y se sustituye por otra reforma, la LOMLOE, promovida por todos menos el PP y sus aliados de la derecha. Y si hablamos de leyes que supusieran una auténtica revolución en la enseñanza, únicamente ha habido una, la LOGSE. 

Obstinados en que la realidad no les estropee un buen titular, la prensa cavernaria titula cosas como esta:

«Es la ley que ataca a la concertada, elimina el castellano como lengua vehicular de la enseñanza y oficial del Estado, que desprecia el mérito y facilita la promoción, y pretende eliminar los centros de educación especial» (ABC, 24 de diciembre)


Ya he hablado de estas cosas. Pero fijaos en el hábil «y». Elimina el castellano como lengua vehicular de la enseñanza y oficial del Estado. ¡Pedro Sánchez, abducido por los comunistas, los terroristas y los que quieren romper España, acaba de eliminar el carácter del castellano como lengua oficial de España! ¡Toma ya! Quiere que hablemos todos catalán. Verdaderamente es el peor gobierno de los últimos 80 años. Yo aún diría más, el peor gobierno desde la bienaventurada llegada de Felipe V, el primer Borbón, en 1700.

Sin embargo, me ha sorprendido no encontrar medios de comunicación ni opinadores por libre que hayan hablado del fracaso contrastado de la ESO, del aviso reiterado que supone PISA y otras evaluaciones internacionales respecto a la mediocridad del sistema español. Del absurdo empacho de asignaturas y contenidos. De cómo la pandemia ha mostrado esto con más claridad si cabe: la necesidad de recortar materias y contenidos. ─Si esto no se hace es por miedo a la respuesta corporativa de los profesionales afectados por el recorte─. De la necesidad de reducir el número de alumnos por aula. De la necesidad de reflexionar sin condicionantes políticos sobre qué es educación básica. De la procedencia de ofrecer vías educativa alternativas antes de los dieciséis años. De entender que la FP podrá, si se lo propone, formar a un excelente profesional de, por ejemplo, la electrónica con las capacidades necesarias para adaptarse a los futuros avances de esta técnica, si domina la base de la misma. Pero que no puede seguir al mercado o a la industria en el último producto tecnológico, porque, al terminar la formación del alumno, ese último producto estará más que anticuado. De la inspección para que no vuelvan a pasar cosas como esta. De la función directiva, a ver si se impide la proliferación de Anacletos. De la evaluación del profesorado y de cómo esta no debería ser un concurso de popularidad. Y de cuáles son las auténticas razones del fracaso escolar y la forma de corregirlo sin quedarse en la mera corrección de la estadística.

Todo esto no importa, lo que importa es hacer ver que nadie se rinde al enemigo. Y en esto, pero solo en esto, son tan culpables el PSOE como el PP.