Inspector viejo, inspector joven

Como ya he comentado en otra ocasión, a finales de los setenta y principios de los ochenta llegamos a la enseñanza verdaderas legiones de profesores jóvenes. Muy politizados, casi todos rojos perdidos, deseosos de cambiar los usos y costumbres anteriores, idealistas, puristas, un poco ingenuos y, hay que reconocerlo, la mayoría bastante airados. Éramos un producto natural de la situación política y social efervescente, apasionante e ilusionante: el final del franquismo, la transición y el triunfo del PSOE en 1982. Además vimos nacer la movida y participamos de ella. Teníamos, por tanto, el ego por las nubes. Impartíamos doctrina política, social, pedagógica y ética a todo aquel anciano de más de 40 años que se pusiera a tiro.

Mientras tanto, la administración -el Ministerio y las Delegaciones Provinciales de Educación, estamos en la era pre-autonómica- todavía estaba formada por hombres y mujeres procedentes de la etapa anterior. Los delegados, jefes de servicio y, especialmente, los inspectores eran personas de cierta edad que habían desarrollado la mayor parte de su carrera bajo el régimen autoritario. Imagináoslos asistiendo perplejos a la invasión de las hordas subversivas en su territorio, hasta entonces, tan plácido y ordenado. Trato de ponerme en su pellejo y creo que deberían sentir que su mundo se desmoronaba. No estábamos dispuestos a pasarles ni una. Nos creíamos en posesión absoluta de la verdad, éramos depositarios de los más puros valores democráticos y de la auténtica pedagogía. Todo lo que hicieran estaba viciado por su  origen antidemocrático. El calificativo más amable que obtenían de nosotros era el de fachas.

Hoy veo que al menos tenían una virtud: la paciencia. Aquellas personas habían accedido a sus puestos durante la dictadura, ya sea por libre designación, por oposición o por concurso de méritos. ¿Alguien espera que un régimen autoritario no escoja para dirigir la educación a personas favorables a ese régimen? Aún así, era pública y notoria la cantidad de personas no adictas que se habían colado en la educación. Basta ver la nómina de profesores de algún instituto como el Santa Irene de Vigo en los años sesenta y setenta: republicanos, comunistas, gallegistas, represaliados por el régimen... aún así, para nosotros, fachas, porque eran mayores. En esta situación, aquellos inspectores se lo pensaban mucho antes de emprender acciones contra el profesorado. Obviamente, tenían sus ideas y opiniones. Seguramente no les gustaba lo que veían, pero capeaban el temporal y solo actuaban cuando las cosas, de acuerdo a su forma de pensar, se salían de madre. Nadie les reconoció esa paciencia.

Contaré un caso personal. En 1981 la incompetencia burocrática de la Delegación de Educación de Lugo me tuvo varios meses sin Seguridad Social. El asunto era grave y creo que estaba justamente indignado. Lo que no fue justo ni proporcionado fue mi actitud. Insulté gravemente a un jefe de servicio. Llevo más de veinte años arrepintiéndome de ese insulto, lo cual significa que durante unos quince años NO me arrepentí. Aquel jefe de servicio tenía poder más que suficiente para meterme un buen paquete. Sé que lo valoró, pero decidió darle la oportunidad de madurar al jovencito de 24 años que era yo entonces. Bueno, espero haber aprovechado la oportunidad. En mi círculo, el jefe de servicio era un... ¿lo adivináis?... sí, un facha.

Cierto inspector, al final de los ochenta, tuvo que actuar ante un caso que hoy reconozco como de extrema gravedad. Sucedió en un instituto de Vigo. No deseo dar detalles pero es, sin duda, lo más grave que he visto nunca. Se abrió expediente a un grupo de profesores. Probablemente sería justo separar definitivamente a esos profesores de la enseñanza. Sin embargo, la sentencia fue de cambio de destino. Hoy me parece de una blandura casi cómica. El instructor del expediente, entonces inspector, más adelante Director Xeral, cargó para siempre con el estigma consabido y la enemistad manifiesta de todo el profesorado, al menos del profesorado rojo.

Las cosas cambian. Aquellos inspectores se han ido retirando siendo reemplazados por otros. En los últimos años han llegado a la inspección personas que mientras fueron profesores se consideraban a si mismos reivindicativos, profundamente democráticos, mayoritariamente de izquierdas y bastante jóvenes -en realidad, cuarentones y cincuentones, ancianos si siguiéramos el criterio anterior-, algunos lo suficiente como para haber sido educados en democracia. Al día siguiente de ser nombrados inspectores, mutaron, y se convirtieron, en afortunada expresión de otro inspector más veterano, en institucionales. Ejercen la autoridad de ordeno y mando sin complejos -como se dice ahora-. Por ejemplo, no dudan en obligar a un profesor a impartir una materia concreta, ajena a su departamento, sin tener en cuenta ni la opinión del profesor, ni la del departamento, ni los usos establecidos, ni la legalidad. Nombran director o jefe de estudios a cualquiera contra su voluntad y sin siquiera concederle audiencia. Amenazan con expedientes por cualquier cosa: resistirse a un cambio en la programación -argumentadamente-, hacer oposición a la dirección, suspender más de la cuenta, tratar de negarse a ser nombrado directivo, etc.

Podría contar muchos casos, pero como ejemplo de lo que quiero decir basta con uno de los más escandalosos. Fue así:

Un profesor de una de esas materias habitualmente afectada por un número elevado de suspensos -si el profesor es serio, añado-, recibe una petición verbal de una madre: que le proporcione una copia del examen de su hijo. El profesor ofrece a la madre revisar en su presencia el examen, lo que la madre declina. No estando seguro de si puede o no acceder a la petición de la madre, el profesor pide  asesoramiento a la directora y al inspector. Este le ordena verbalmente que acceda. Temiendo cometer una ilegalidad, el profesor pide al inspector que, o bien le dé la orden por escrito, o bien le indique en qué artículo de qué ley se basa esa orden verbal, asegurando que en ese caso, cumplirá la orden inmediatamente. El inspector se niega a ambas opciones y le indica que su orden verbal es la ley. Ya es una cuestión de principios. El profesor se mantiene en su posición hasta que el inspector, finalmente, le ordena por escrito y citando la ley 30 /1992 de  Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que proporcione el examen. En ese momento el profesor cumple la orden. No obstante, el inspector ordena incoar expediente administrativo al profesor que se saldó con una suspensión de funciones de quince días. El profesor decide presentar recurso contencioso-administrativo contra esta resolución. No solo ganó el recurso sino que el juez en su argumentación le da para el pelo al inspector con varias perlas como estas: 

... Es el propio inspector educativo el que primero incumple las formalidades de la LRJPAC 30/1992 a la que pretende reconducir las relaciones de padres y docentes, al negarse a emitir una orden por escrito cuando le es solicitada, en contra del régimen ordinario de emisión de actos administrativos, que han de producirse por escrito, para su debida constancia...

...No es admisible pretender la vinculatoriedad de una instrucción o sugerencia verbal, cuando el destinatario tiene dudas de su legalidad y solicita que se documente por escrito, y el que supuestamente imparte la orden se niega a ello, sin motivo aparente...

Lo que más debe escandalizar no es ya que existan inspectores como este. Ni el hecho de que él se crea demócrata y de izquierdas. Yo creo que además de no ser ni demócrata ni de izquierdas, tampoco es muy inteligente. Lo más escandaloso es la pasividad y tolerancia con que el otrora combativo colectivo de profesores acepta estos usos. Los inspectores de antes seguramente no eran un ejemplo de democracia, pero al lado de estos eran unos auténticos caballeros sabios y tolerantes. Soportaron la, en parte justificada, animadversión del profesorado por hechos mínimos en comparación con los de ahora.