La ley Celaá (y 4)

Para mí, sobre todo, la ley Celaá es otra oportunidad perdida. Ya veremos por qué. Antes analicemos los asuntos que han llenado las páginas de los periódicos, especialmente la prensa afín al PP y a VOX.

Primero: ataque al castellano. Se cambia la redacción de la disposición adicional trigésima octava de la LOMCE que otorgaba carácter vehicular al castellano y se sustituye por esta redacción:

«1. Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable. 2. Al finalizar la educación básica, todos los alumnos y alumnas deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente».

A mí no me parece que se ataque al castellano. Tengamos en cuenta que en la redacción anterior se consideraba vehicular no solo el castellano, sino también las lenguas cooficiales en sus territorios. Teníamos una situación de igualdad y la seguimos teniendo. Por cierto, la redacción actual es similar, no solo a la LOE del PSOE, sino también a la fallida LOCE de Aznar. Los alumnos deberán alcanzar el dominio pleno del castellano. Si eso no es protección, no sé qué lo sería. Evidentemente esta es una redacción más aceptable para los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos, que forman parte del congreso con tanto derecho como cualquier otro y estaban más dispuestos que el PP a alcanzar algún tipo de acuerdo. Lo que creo que ocurre es que muchos dirigentes y simpatizantes del PP y de VOX, sencillamente, no soportan la mera existencia de otras lenguas en el estado. Pues bien, en Galicia hay mucha gente que tiene como lengua materna el gallego y tienen derecho a recibir educación en ─y de─ su lengua materna. Lo mismo en Cataluña y en el País Vasco. Otra cosa será el desarrollo legislativo que hagan las comunidades en uso de sus competencias. Es en este desarrollo autonómico en el que los nacionalistas pueden intentar favorecer una lengua o la otra, pero pueden intentar hacerlo con cualquier redactado de la ley orgánica. Esta, la ley orgánica, no tiene más remedio que regular una situación de igualdad entre el castellano y cada lengua cooficial donde exista.

Se aprecia una gran hipocresía en esos ambientes políticos y periodísticos de derecha que claman por el castellano mientras promueven en la castiza comunidad que es España dentro de España, el inglés como lengua vehicular. Inglés sí, pero catalán no. Más que rasgarse las vestiduras por la lengua de Cervantes ─no paran con el topicazo─ podrían preocuparse por la calidad del castellano de los dirigentes, y de los medios de información afines. Y no titular en primera página, por ejemplo, «Pedro Sánchez es el punto y final del PSOE». O rescatar del olvido los verbos empezar, comenzar e iniciar y no soltar siempre el odioso arrancar. Arranca la legislatura, la sesión, el programa, la carrera, el partido, el curso escolar o la desescalada. O tirarle de las orejas a ese presentador de un telediario de ámbito estatal que suelta esos abominables dijistes, pensastes, etc. Y a los que aprenden a decir poner en valor, empoderar o sororidad cinco minutos después de que algún iluminado inventara el término, pero que no se enteran ni a tiros de que no se dice preveyó, sino previó, por ejemplo. O que confunden onceavo con undécimo. Solo tienen aprecio por el castellano cuando el PSOE pacta con ERC.

Por cierto, cuando analicé el último informe PISA no se habían publicado los resultados españoles en competencia lectora debido a irregularidades concentradas en la comunidad de Madrid. Pero ahora han salido. Helos aquí:

Podéis ver como Galicia y Cataluña, comunidades con lengua propia, están muy por encima de la media española y de la comunidad más rica y más ultraliberal y de más entusiasmo por el carácter vehicular del castellano. Y eso en una prueba hecha durante el período de vigencia de la LOMCE, ley del PP. Además, la media española está 13 puntos por debajo de la UE. Mediocridad, solo mediocridad. Ni castellano ni catalán ni inglés, el problema de la enseñanza en España no es el idioma, es el que señala Luri. La mayor parte de los alumnos, al terminar la ESO, no saben leer comprensivamente un texto mediano.

Segundo: ataque a la religión. La presencia de la Religión Católica como asignatura en la enseñanza Primaria y en la Secundaria es una anomalía en España. Países tanto o más católicos que el nuestro consideran la formación religiosa un asunto privado que se desarrolla en casa o en los templos de cada confesión. En España estamos atados por los acuerdos con la Santa Sede que vienen de 1979 y que el PSOE nunca se atrevió o no tuvo la fuerza suficiente para rectificar. Así que la izquierda se guarda los principios y mete la religión en la escuela. Los que opinamos que no debería existir esa asignatura tenemos que aguantarla debido a la legalidad vigente. Pero a la caverna esto no le llega, nos quiere no solo derrotados, sino cautivos y desarmados. No les basta con la existencia de la Religión, tiene que ser la asignatura principal. Mal asunto llegar aquí a un acuerdo con los discípulos de Rouco Varela y Cañizares.

Tercero: ataque a la enseñanza concertada. Se basan en la supresión del apartado 8 del artículo 116 que decía: «Las Administraciones educativas podrán convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional». Esto y que los centros concertados no puedan segregar por sexos. 

Por partes. Uno, en España, la enseñanza concertada no es mejor que la pública. En España obtienen mejores resultados los alumnos y los centros con un mejor ISEC ─Índice Socio-Económico y Cultural─. Si descontamos el ISEC de los resultados PISA, los rendimientos de la enseñanza pública son mejores que los de la enseñanza concertada. Dos, no siendo una anomalía, España es el segundo o tercer país de la UE con más centros concertados. Esto es consecuencia de aquella ley de 1985. Teniendo en cuenta que en los últimos 40 años, el PSOE ha gobernado unos 28 o 29, no parece que sea muy contrario a la concertada. Tres, los centros privados, concertados o no, son empresas privadas cuyo objetivo, por tanto, es ganar dinero. Ganar dinero educando, pero ganar dinero. Los centros concertados ganan dinero con ayuda del estado. Solo faltaba que además de pagarles la enseñanza hubiera que regalarles el suelo y el edificio. Es lo que se llama «disparar con pólvora del rey». Cuatro, reclamar en nombre de la libertad el derecho a llevar a los hijos a un centro religioso, incluso del Opus y que eso se lo pague el estado sería patético si no fuera intolerable. La libertad brilla en la inmensa mayoría de los centros públicos. En los privados y concertados suele brillar por su ausencia.

Ya he contado como en algún centro religioso de Vigo, en vez de educar en la igualdad de derechos  o en el rechazo a la violencia contra las mujeres, ejercían la libertad de llevar flores a María. En otro colegio concertado religioso que tengo muy cerca, durante años observaba como, en cierta época del curso, por la calle las niñas iban repasando en voz alta el contenido del examen del día: las etapas del viaje de San Pablo según fue de Roma a Tesalónica y volvió. Seguramente es muy educativo, no digo que no. No nos dejemos engañar por las voces que reclaman hipócritamente ¡libertad!

En Vigo hay muchos colegios concertados. Algunos bien valorados: los Maristas, los Jesuítas, los Salesianos. En mi etapa de asesor conocí muchos otros. Siempre me preguntaba cómo era posible que hubiera padres que llevaran a sus hijos a esos sitios existiendo cerca de 20 institutos. En fin.

Cuarto: la educación especial. La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales se regula en el artículo 74 de la LOE. La LOMCE ─del PP─ no lo modificó. En resumidas cuentas, se apuesta por la inclusión y solo en casos extraordinarios en centros especiales. La ley Celaá no cambia esto. No cambia el apartado 1 del artículo 74 donde se recoge lo que he dicho. Añade un párrafo extra al artículo anterior, el 73, para obligar a dotar de medios a los centros para la detección precoz de las necesidades especiales. También modifica los apartados 2, 3, 4 y 5 del artículo 74 para reforzar el superior interés del menor. En el apartado 4 añade «Para atender adecuadamente a dicha escolarización, la relación numérica entre profesorado y alumnado podrá ser inferior a la establecida con carácter general». ¿Dónde ve la derecha una agresión? 

Curiosamente hay algo que la LOMLOE mantiene de la LOMCE, pero que no estaba en la LOE. Es decir, el PSOE asume algo que el PP introduce en la ley anterior. Esto no ha tenido repercusión en la prensa, cuando podría ser considerado como un elemento de distensión que en algo se acercaran ambos partidos. Se trata de las pasarelas, la posibilidad de pasar directamente de la FP básica a la de grado medio y, de esta, a la superior. Ya he comentado que a mí me parece bien, así que felicitémonos. Pero hay un pequeño añadido. Los alumnos que completen FP básica pueden pasar a la FP de grado medio y también al bachillerato por la sencilla razón de que al completar esa FPB obtienen el título de la ESO. Aquí hay un efecto secundario, de repente el porcentaje de alumnos que obtienen el título correspondiente a la Enseñanaza Básica y Obligaria en España crece, porque antes a los que hacían FPB no se les daba el título de la ESO de forma automática. Uno de los indicadores estadísticos del fracaso escolar mejorará. Estoy seguro de que esto pesó en el ánimo de los autores de la LOMLOE.

Las críticas de la derecha no hay por donde cogerlas. Pero ahí van las mías.

Desearía que una ley orgánica de educación contara con el consenso del PP, eso la haría menos motivo de bronca política. De hecho, no parece que las discrepancias sean tan graves. No debe ser difícil encontrar un acuerdo. Pero en un país donde decidir si seis comensales, ocho o diez en nochebuena no se puede hacer civilizadamente, pedir consenso en algo importante, actualmente, es una entelequia.

Si hubiera un amplio consenso se habría podido abordar lo que realmente está haciendo que el sistema educativo español sea mediocre, y de lo que he hablado varias veces: el propio concepto ESO y el exceso de materias y contenidos.

Uno, la existencia de la ESO, enseñanza en teoría igual para todos. Esto es fuente de fracaso. Hay que diferenciar educación obligatoria de educación común. Creo que el bachillerato debe ser de tres años, al menos y, por tanto, la educación anterior de un año menos. Debe haber opciones distintas para alumnado distinto. 

Dos, deben reducirse drásticamente el número de asignaturas y de contenidos de las asignaturas que sobrevivan. Debemos preguntarnos cuál es la formación básica que debemos proporcionar a nuestros jóvenes y concentrar los esfuerzos en esa formación básica. 

Y, por encima de todo, volver al conocimiento poderoso. Y revisar las ratios.